¿Quién nos protege de la competencia desleal del Estado?

Son muchos los que condenan la competencia desleal entre privados en el comercio internacional. Pero sólo unos pocos condenarían, de manera enérgica, la competencia desleal del Estado. En un sistema de libre mercado, ¿Cómo puede ser moral y económicamente admisible que los impuestos pagados por las empresas al Estado sean utilizados en contra de ellas? Así, tenemos la competencia desleal desarrollada por la Fuerza Aérea con Tans, la Marina con el Sima, el Ejército con su imprenta, Petroperú con sus grifos, Sedapal con sus servicios de contrastación de medidores, Popular y Porvenir con la venta de seguros, el Ministerio de Educación con sus escuelas y las universidades públicas... y ahora último, el Ministerio de Salud con la venta de medicinas genéricas en todos sus hospitales. No les falta razón a aquellos empresarios cuando se preguntan: ¿Quién nos protege de la competencia desleal del Estado?

Los negocios no pueden funcionar si el Estado no los protege contra actos antisociales que atenten contra el libre mercado y la propiedad privada. Sin embargo, hay otro acto evitable que puede arruinar los negocios, como es la Actividad Empresarial del Estado (AEE). Los empresarios se han dado cuenta, que la competencia es un proceso, que tiene por finalidad descubrir oportunidades de ganancias aún no descubiertas por otros. A través de este proceso, el empresario crea riqueza que por derecho le pertenece, para lo cual el Estado lo protege contra cualquier robo. Si el empresario fracasa en hacer rentable su negocio pierde su inversión y asume sus pérdidas. Está en su derecho de cometer errores, pero no de cargar a otros sus pérdidas.

Cuando el Estado actúa como empresario, no hace más que remedar a la actividad privada, pero sus pérdidas son pagadas por los ciudadanos. El principio que da sustento a la AEE, es el criterio político de la subsidiaridad normado en el artículo 60º de la Constitución Política del Perú. Este dice que, cuando la iniciativa privada no llega a satisfacer las necesidades de una población determinada, puede el Estado, por interés o conveniencia pública, intentar suplirla a través del desarrollo de una actividad empresarial. Se entiende que, la iniciativa estatal, no debe guiarse por la motivación de lucro, sino por el criterio político de llegar como sea a cualquier costo, allí donde la iniciativa privada descubrió que tal actividad no es rentable.

Pero vale preguntar, ¿puede ser económico emplear criterios políticos en un mundo donde reina la escasez? Desde luego que no. Cuando la política entra en la economía arruina todo el proceso de coordinación social para crear riqueza, es decir, nos vuelve más pobres. La pregunta de fondo es: ¿tiene alguna base económica y moral la AEE? En primer lugar, existen consecuencias morales insospechadas generadas por la AEE. Las empresas públicas como Sima, Tans, Sedapal, Petroperú, Popular y Porvenir no pueden operar, sin que el Estado confisque, previamente, riqueza de empresarios y trabajadores. Esta riqueza son pequeñas propiedades privadas, creadas en el mercado, que luego son arrebatadas por el Estado, a través de impuestos, a sus legítimos dueños, para financiar la AEE. Adicionalmente, la riqueza arrebatada (que en sentido estricto es un robo) se distribuye a individuos, transformada en bienes y servicios por medio de la AEE, lucrando sobre la riqueza robada. ¿Puede decirse que la AEE tiene un contenido moral?

Por otro lado, la AEE es antieconómica, porque la empresa privada no satisface las necesidades que no son rentables. Pero la rentabilidad es un indicador que nos dice si la demanda está todavía insatisfecha o no; y si hay o no hay margen para seguir operando. Si la AEE opera sin rentabilidad, estaría indicando que hay peligro de pérdida, y, al no recuperar la inversión, necesitará de más recursos para continuar con su actividad. A la larga, arrojará pérdidas y serán de nuevo los contribuyentes quienes paguen la factura de tal aventura política.

A mayores pérdidas, habrá necesidad de aumentar los actuales impuestos. Sin embargo, gracias a Indecopi, se está conociendo imprentas, contratistas, servicios portuarios, grifos, líneas aéreas, empresas de seguros, de origen estatal, que están compitiendo con los negocios privados ya establecidos. Eso, al menos es una opinión técnica que abona en favor de quienes creemos que el Estado debe redefinir su rol en el más breve plazo. En tal sentido, sería saludable derogar el artículo 60º de la Constitución Política del Perú para eliminar del mercado la competencia desleal del Estado.


Jelen Vargas Ramírez